Sí, señor: eso es lo que tiene que hacer el Gobierno ante esta crisis de tantos tipos de energía. No puede ser que una lechuga haya subido en unos días 0,40 cts; una caja de huevos 1,50 €; el pan ¡el pan! 0,20 cts; el gasoil y la gasolina, para dejar el coche aparcado una temporada y usarlo cuando sea realmente necesario. Y así una y otra vez, visites los mercados más diversos que visites.

¡Abajo los precios!

Y el Gobierno atiende la demanda popular y anuncia un decreto por el que 28 artículos del mercado bajan sus precios un 10% y quedan fijados ahí hasta nueva disposición. Un respiro.

Los dueños de los puestos de todos los mercados convocan una manifestación para exigir que los Mercados Centrales (tipo Mercamadrid) bajen los precios aproximadamente el 10% según la tensión de la demanda. La manifestación ha sido un éxito y todas las autoridades vigilan ahora los precios de entrada en los grandes mercados para vigilar detalladamente los precios.

Lo que no parecía tan claro empezó a pasar: los grandes suministradores empezaron a dejar de llevar sus camiones a los Mercados Centrales. Hubo un día que en mi mercado llegué a contar 17 puestos cerrados por falta de mercancías. Pero más aún, los camioneros cortaron completamente la autopista M-40 (sí, sí, en medio de Madrid) pidiendo una bajada de impuestos equivalente a su pretendido descenso de ingresos.

Pero más llamativas fueron las «movidas» en el campo, cuando se relizaron varios intentos por parte de los intermediarios de pagar menos: exactamente lo que había obligado a bajar los precios finales el Gobierno.

Comprendió el Gobierno que ese no era un buen camino para bajar precios de alimentos y decidió reducir impuestos. Fue una operación muy complicada para analizar la situación puesto por puesto, pero finalmente a una mayoría de minoristas se les pudo hacer un cálculo correspodiente a sus bajadas en las verduras y en los huevos. Líos permanentes, pero algo realista se hizo.

Poco después, el Ministerio de Hacienda avisó al Gobierno del descenso de ingresos que se estaba produciendo y de la necesidad de aumentar algún impuesto no muy decisivo. Todos los Ministerios tardaban en responder. Pero casi todos los Ministerios empezaron a quejarse de que no había bastante dinero para la Sanidad o para mejorar el agua del Mar Menor.

A base de imaginación y tanteo, se logró imponer un impuesto equivalente al del consumo, a las transacciones bursátiles. Fueron las minorías de izquierdas del Gobierno las que impusieron la solución final.

¿Final? De ninguna manera. La Banca y todo el sector empresarial comenzó a quejarse del encarecimiento sin sentido de las operaciones financieras. Alguien insinuó que mejor sería aumentar el impuesto sobre beneficios de las sociedades. Y el Gobierno lo puso sobre la mesa. El lío fue muy discreto en la organización de empresas en general, pero oir radios, escuchar TVs o leer periódicos era una tortura para el Gobierno y una crítica contra los vendedores de los mercados.

Creo que cómo terminó este debate es mejor que lo relate en un próximo post.